Indígenas toman frontera por proyecto hidroeléctrico Panamá
Panamá. (AFP) – Diversos
grupos de indígenas panameños volvieron a bloquear la carretera que
comunica su país con Costa Rica, en el segundo día de protestas contra
el proyecto hidroeléctrico financiado por bancos europeos y al cual se
oponen, informaron dirigentes del movimiento.
"Ya hemos procedido nuevamente a cerrar
la vía en vista de que el gobierno de Juan Carlos Varela se niega a
cancelar el proyecto de Barro Blanco", dijo a la AFP Ricardo Miranda,
uno de los voceros.
Medios locales de igual forma dieron a
conocer cómo a inicios de semana varios cientos de indígenas
obstaculizaron el tráfico en la vía Interamericana a la altura del
proyecto hidroeléctrico, en la localidad de Tolé (suroeste), generando
un gigantesco atasco vehicular.
Miranda había advertido que si el
presidente Varela no acudía al lugar para decir que se cancelaba Barro
Blanco, cerrarían nuevamente la ruta, que une Costa Rica con Panamá.
"El gobierno y los bancos son
responsables de lo que pueda pasar a partir de ahora. Puede haber
muertos", señaló Miranda, según el cual los manifestantes no cederán "a
la intimidación de la oligarquía".
Indígenas Ngäbe-Buglé y campesinos
rechazan el proyecto Barro Blanco, ubicado en la provincia occidental de
Chiriquí, porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del
río Tabasará.
Este proyecto hidroeléctrico, que está
avanzado en más de un 95%, es financiado por los bancos DEG (Alemania),
FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE). Sin embargo, fue cancelado temporalmente en febrero por el
gobierno panameño por incumplimiento en los estudios de impacto
ambiental.
Tras la suspensión, se inició un diálogo
auspiciado por las Naciones Unidas entre el gobierno, indígenas y la
empresa, aunque los nativos se sienten burlados y acusan a las entidades
bancarias de violar sus propias reglas internas en materia de
transparencia.
"El gobierno panameño ha sido cómplice
con el acompañamiento de los bancos internacionales en este proyecto
corrupto que coge nuestras aguas y privatiza nuestras tierras
colectivas", señaló Miranda.
Una cancelación se reflejaría en demandas millonarias contra el Estado panameño, las pérdidas superarían los $130 millones.
Redacción Diario Extra
Panamá. (AFP) – Diversos
grupos de indígenas panameños volvieron a bloquear la carretera que
comunica su país con Costa Rica, en el segundo día de protestas contra
el proyecto hidroeléctrico financiado por bancos europeos y al cual se
oponen, informaron dirigentes del movimiento.
"Ya hemos procedido nuevamente a cerrar
la vía en vista de que el gobierno de Juan Carlos Varela se niega a
cancelar el proyecto de Barro Blanco", dijo a la AFP Ricardo Miranda,
uno de los voceros.
Medios locales de igual forma dieron a
conocer cómo a inicios de semana varios cientos de indígenas
obstaculizaron el tráfico en la vía Interamericana a la altura del
proyecto hidroeléctrico, en la localidad de Tolé (suroeste), generando
un
- Vea mas en:
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/262243/indigenas-toman-frontera-por--proyecto-hidroelectrico#sthash.2rCVHgrY.dpuf
Panamá. (AFP) – Diversos
grupos de indígenas panameños volvieron a bloquear la carretera que
comunica su país con Costa Rica, en el segundo día de protestas contra
el proyecto hidroeléctrico financiado por bancos europeos y al cual se
oponen, informaron dirigentes del movimiento.
"Ya hemos procedido nuevamente a cerrar
la vía en vista de que el gobierno de Juan Carlos Varela se niega a
cancelar el proyecto de Barro Blanco", dijo a la AFP Ricardo Miranda,
uno de los voceros.
Medios locales de igual forma dieron a
conocer cómo a inicios de semana varios cientos de indígenas
obstaculizaron el tráfico en la vía Interamericana a la altura del
proyecto hidroeléctrico, en la localidad de Tolé (suroeste), generando
un
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Panamá. (AFP) – Diversos
grupos de indígenas panameños volvieron a bloquear la carretera que
comunica su país con Costa Rica, en el segundo día de protestas contra
el proyecto hidroeléctrico financiado por bancos europeos y al cual se
oponen, informaron dirigentes del movimiento.
"Ya hemos procedido nuevamente a cerrar
la vía en vista de que el gobierno de Juan Carlos Varela se niega a
cancelar el proyecto de Barro Blanco", dijo a la AFP Ricardo Miranda,
uno de los voceros.
Medios locales de igual forma dieron a
conocer cómo a inicios de semana varios cientos de indígenas
obstaculizaron el tráfico en la vía Interamericana a la altura del
proyecto hidroeléctrico, en la localidad de Tolé (suroeste), generando
un gigantesco atasco vehicular.
Miranda había advertido que si el
presidente Varela no acudía al lugar para decir que se cancelaba Barro
Blanco, cerrarían nuevamente la ruta, que une Costa Rica con Panamá.
"El gobierno y los bancos son
responsables de lo que pueda pasar a partir de ahora. Puede haber
muertos", señaló Miranda, según el cual los manifestantes no cederán "a
la intimidación de la oligarquía".
Indígenas Ngäbe-Buglé y campesinos
rechazan el proyecto Barro Blanco, ubicado en la provincia occidental de
Chiriquí, porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del
río Tabasará.
Este proyecto hidroeléctrico, que está
avanzado en más de un 95%, es financiado por los bancos DEG (Alemania),
FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE). Sin embargo, fue cancelado temporalmente en febrero por el
gobierno panameño por incumplimiento en los estudios de impacto
ambiental.
Tras la suspensión, se inició un diálogo
auspiciado por las Naciones Unidas entre el gobierno, indígenas y la
empresa, aunque los nativos se sienten burlados y acusan a las entidades
bancarias de violar sus propias reglas internas en materia de
transparencia.
"El gobierno panameño ha sido cómplice
con el acompañamiento de los bancos internacionales en este proyecto
corrupto que coge nuestras aguas y privatiza nuestras tierras
colectivas", señaló Miranda.
Una cancelación se reflejaría en demandas millonarias contra el Estado panameño, las pérdidas superarían los $130 millones.
Redacción Diario Extra
Panamá. (AFP) – Diversos
grupos de indígenas panameños volvieron a bloquear la carretera que
comunica su país con Costa Rica, en el segundo día de protestas contra
el proyecto hidroeléctrico financiado por bancos europeos y al cual se
oponen, informaron dirigentes del movimiento.
"Ya hemos procedido nuevamente a cerrar
la vía en vista de que el gobierno de Juan Carlos Varela se niega a
cancelar el proyecto de Barro Blanco", dijo a la AFP Ricardo Miranda,
uno de los voceros.
Medios locales de igual forma dieron a
conocer cómo a inicios de semana varios cientos de indígenas
obstaculizaron el tráfico en la vía Interamericana a la altura del
proyecto hidroeléctrico, en la localidad de Tolé (suroeste), generando
un gigantesco atasco vehicular.
Miranda había advertido que si el
presidente Varela no acudía al lugar para decir que se cancelaba Barro
Blanco, cerrarían nuevamente la ruta, que une Costa Rica con Panamá.
"El gobierno y los bancos son
responsables de lo que pueda pasar a partir de ahora. Puede haber
muertos", señaló Miranda, según el cual los manifestantes no cederán "a
la intimidación de la oligarquía".
Indígenas Ngäbe-Buglé y campesinos
rechazan el proyecto Barro Blanco, ubicado en la provincia occidental de
Chiriquí, porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del
río Tabasará.
Este proyecto hidroeléctrico, que está
avanzado en más de un 95%, es financiado por los bancos DEG (Alemania),
FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE). Sin embargo, fue cancelado temporalmente en febrero por el
gobierno panameño por incumplimiento en los estudios de impacto
ambiental.
Tras la suspensión, se inició un diálogo
auspiciado por las Naciones Unidas entre el gobierno, indígenas y la
empresa, aunque los nativos se sienten burlados y acusan a las entidades
bancarias de violar sus propias reglas internas en materia de
transparencia.
"El gobierno panameño ha sido cómplice
con el acompañamiento de los bancos internacionales en este proyecto
corrupto que coge nuestras aguas y privatiza nuestras tierras
colectivas", señaló Miranda.
Una cancelación se reflejaría en demandas millonarias contra el Estado panameño, las pérdidas superarían los $130 millones.
Redacción Diario Extra
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